Una educación rehén de los cambios políticos

La educación en España se parece demasiado a una obra perpetua en construcción en la que, cada pocos años, cambian al arquitecto, tiran los cimientos a medias y levantan un edificio con planos radicalmente distintos. Desde el inicio de nuestra democracia, el sistema educativo ha soportado ya ocho leyes orgánicas diferentes en apenas cuarenta años. Un récord de inestabilidad legislativa que convierte las aulas en un laboratorio de probaturas políticas y condena a centros, docentes y familias a una desorientación crónica.

Un laberinto autonómico indigerible

A este desbarajuste estatal se suma una vuelta de tuerca institucional aún más compleja. Al tener las comunidades autónomas plenamente delegadas las competencias educativas, el mapa se fragmenta de tal manera que por cada norma que se aprueba a nivel nacional nos encontramos con diecisiete despliegues normativos autonómicos diferentes.

De este galimatías derivan graves disfunciones, como la profunda asimetría curricular y el absurdo de las pruebas de acceso a la universidad. Puesto que la titulación oficial la otorga el Estado, debería imperar una armonía básica. Sin embargo, las exigencias de la EBAU difieren según el territorio, pudiéndose llegar al extremo inaceptable de que algunas familias con recursos desplacen a sus hijos a estudiar el bachillerato a determinadas comunidades buscando notas medias más elevadas para acceder al grado deseado en la universidad de preferencia, lo que vulneraría flagrantemente el principio de igualdad de oportunidades.

A ello se añade otra variable crucial que suele soslayarse en el debate público: la gestión de la lengua vehicular. Aunque considerar las lenguas cooficiales como una riqueza indiscutible y de gran importancia es un punto de partida innegable, en la práctica su ordenación en aquellas comunidades que cuentan con ellas se convierte con frecuencia en un delicado jeroglífico político. Si no se gestionan con equilibrio, esto puede introducir un hándicap añadido, afectando de forma directa y medible a destrezas tan básicas como la comprensión lectora, el vocabulario y la corrección en la redacción en la lengua común del Estado.

El verdadero debate: más allá de las ideologías

Mientras el debate político y mediático suele encasquillarse interesadamente en la titularidad de los centros educativos, la defensa de sus respectivos idearios y la eterna polémica sobre si deben o no sufragarse en parte con fondos públicos, los datos recientes nos ponen ante los ojos una realidad infinitamente más fundamental que debemos debatir sin complejos.

La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), a raíz de los resultados del Informe PISA 2025, ha recibido con profunda preocupación la caída generalizada del rendimiento escolar en España, registrando niveles mínimos históricos en Matemáticas, Lectura y Ciencias. 

Como advierte la CECE, el problema no se reduce a una cuestión de brechas socioeconómicas, pues el descenso es transversal y afecta también a los entornos tradicionalmente más favorecidos. Tal y como señala su presidente, Alfonso Aguiló, la exigencia académica y el apoyo deben ir de la mano para ayudar a quienes encuentran dificultades sin dejar de elevar el aprendizaje de todos, recordando que no podemos conformarnos con que las distancias se reduzcan si el conjunto del alumnado aprende menos. La urgencia principal de este diagnóstico arranca en la comprensión lectora, el cimiento invisible sobre el que descansa cualquier otro aprendizaje futuro. 

Evaluar antes de volver a legislar

Ante esta debilidad estructural, la tentación de los ministerios y consejerías suele ser siempre la misma: aprobar una nueva ley o retocar los currículos como si un boletín oficial tuviera una varita mágica. Frente a este activismo legislativo estéril, la reclamación de la CECE plantea la sensatez de evaluar de forma pública y rigurosa el impacto de las políticas aplicadas antes de volver a legislar. 

Este análisis exige compartir impresiones de manera honesta entre el INEE (Instituto Nacional de Evaluación Educativa), las administraciones de los distintos territorios, centros de todas las redes, familias, profesores y expertos independientes, escuchando de verdad la voz de quienes pisan el aula todos los días. En palabras del propio Aguiló, no se pide que no se legisle, sino que antes de acometer nuevas reformas se sepa qué ha funcionado, qué ha fallado y por qué, evaluando las decisiones políticas y no solo el rendimiento de los alumnos. 

Hacia un horizonte de estabilidad

Educar exige paciencia histórica, poso y permanencia. Ningún sistema de excelencia se improvisa en los cuatro años que dura una legislatura ni se sostiene con parches territoriales descoordinados.

Por ello, urge reclamar un pacto de Estado que dote a las leyes educativas de una vigencia que, en mi opinión, debería extenderse al menos durante veinte años, asegurando así el ciclo vital completo de al menos una generación entera de alumnos bajo unas mismas reglas de juego. Naturalmente, defender este horizonte prolongado no significa instaurar un dogma pétreo ni renunciar al sentido común: durante ese tiempo es perfectamente posible y deseable consensuar ajustes o correcciones puntuales, pero siempre fundamentados en una evaluación rigurosa y nunca por capricho partidista.

Si queremos revertir la tendencia que marcan informes como PISA y devolver al esfuerzo, al rigor y al pensamiento crítico el lugar central que merecen en las escuelas, el primer paso inexcusable es despojar a la educación de la refriega partidista y simplificar su arquitectura jurídica. Sembrar a largo plazo con la mirada puesta en el bien común es la única forma de blindar con madurez el futuro de nuestros jóvenes.