El título lo dice casi todo: “Herramientas legales de represión–Análisis comparativo Cuba-Nicaragua”. Teresa Flores, abogada y directora del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina (Olire), ha detallado cómo “los gobiernos de Cuba y Nicaragua limitan las libertades religiosas y civiles”. Ambos controlan el espacio público y digital, ha señalado en Florida International University (FIU),
En el simposio, celebrado a primeros de septiembre, el abogado nicaragüense Yader Valdivia afirmó que “en Nicaragua se siguen cometiendo violaciones de derechos humanos. La fe ha sido perseguida, iglesias asediadas, pastores y sacerdotes agredidos y detenidos arbitrariamente, o desaparecidos y judicializados, desterrados”.
“Persecución religiosa”
“En Nicaragua la religión no es una cuestión doctrinal, ni una disputa teológica, sino que es un termómetro de democracia. Quiero dejar claro que la persecución religiosa existe en el país”, añadió Valdivia. El evento fue coorganizado por Outreach Aid to the Americas (OAA), el Cuban Research Institute (CRI) y el Kimberly Green Latin American and Caribbean Center (LACC).
Teresa Flores ha sintetizado para Omnes su intervención. Como es obvio, en la conversación sobrevuela, aunque no hablemos de ello, el destierro del obispo Rolando Álvarez en el Vaticano, desde enero de 2024. La persecución y destierro de otros obispos y sacerdotes, o el exilio de más de medio millón de nicaragüenses desde 2018.
Cuba y Nicaragua han utilizado las leyes como un mecanismo de control sobre la sociedad y, en particular, sobre “las comunidades de fe”, ha señalado usted.
– Tanto en Cuba como en Nicaragua, las autoridades han creado un entramado legal que aparenta ser legítimo, pero en la práctica limita las libertades religiosas y civiles. Durante la ponencia señalé que tanto en Cuba como en Nicaragua se ha construido un marco jurídico. Aunque, en el papel, reconoce la libertad religiosa, en la práctica la condiciona a conceptos ambiguos como “orden público”, “interés social” o “seguridad nacional”. Esto permite a las autoridades restringir el ejercicio de derechos en cualquier momento.
En Cuba, la Constitución de 2019 consagra la supremacía del Partido Comunista, lo que vacía de contenido y condiciona libertades reconocidas. En Nicaragua, las reformas constitucionales más recientes han ampliado causales de pérdida de nacionalidad y de exclusión política, reforzando su carácter punitivo.
Estas normativas permiten censurar, vigilar y castigar a líderes y organizaciones religiosas, añade.
– Ambos países han aprobado leyes que les otorgan poder para controlar el espacio público y digital. En Cuba, decretos como el 35 y el 370 obligan a que toda comunicación esté subordinada a la “Constitución socialista”, sancionando con multas elevadas o incluso con cargos penales los contenidos críticos.
En Nicaragua, la Ley de Ciberdelitos penaliza con cárcel la difusión de lo que el gobierno considera “noticias falsas” y habilita la vigilancia en tiempo real de usuarios.
Este marco normativo convierte la libertad de expresión y religiosa en derechos vulnerables. Pues líderes y comunidades de fe pueden ser acusados de difundir “desinformación” o “propaganda subversiva” por el solo hecho de expresar opiniones críticas.
¿Cómo funcionan los niveles de control y las formas de aplicar la presión sobre iglesias y comunidades?
– La Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista controla directamente en Cuba el registro y funcionamiento de las iglesias, y cualquier asociación no reconocida se arriesga a la criminalización. En Nicaragua, leyes sobre organizaciones sin fines de lucro, agentes extranjeros y financiamiento han permitido cancelar personerías (personas) jurídicas, confiscar bienes y suspender actividades religiosas.
En Nicaragua y Cuba las sanciones son de carácter penal y también a través de vía administrativa, lo que permite un desmantelamiento masivo y sistemático de comunidades religiosas consideradas opositoras al régimen.
Usted dice que entender las herramientas jurídicas es clave para visibilizar los abusos y buscar formas de defender derechos fundamentales.
– Para comprender el impacto de las herramientas jurídicas en Cuba y Nicaragua, resalté que primero es necesario entender la amplitud de la libertad religiosa. Este derecho no se reduce al culto privado. Sino que abarca la educación, la asociación, la participación pública y la transmisión de creencias, por mencionar sólo algunas libertades. Sin esta visión integral, resulta imposible identificar de manera completa cómo las leyes pueden convertirse en instrumentos restrictivos.
En ambos países, justamente estas dimensiones más amplias son las que se ven limitadas: el marco jurídico no garantiza derechos, sino que los vacía de contenido. De ahí la importancia de analizar estas normas, porque muestran cómo la represión se encausa también a partir de normas, reglamentos y leyes más allá de la represión física, que otorgan apariencia de legalidad a medidas arbitrarias.
¿Y la vía internacional?
Tanto Cuba como Nicaragua se han retirado de los mecanismos regionales de derechos humanos, lo que reduce las vías de protección internacional. Sin embargo, el monitoreo de organismos de Naciones Unidas y la presión internacional siguen siendo fundamentales para documentar abusos. Y también para ofrecer respaldo a las comunidades de fe que enfrentan un alto grado de represión.
Agresiones
OSV News ha informado hace un mes que los ataques a la Iglesia católica en Nicaragua han disminuido en 2025. Pero un informe sobre la persecución de la Iglesia en el país centroamericano atribuye la disminución a que pocos sacerdotes y religiosos denuncian el acoso la persecución contra ellos y la propiedad de la Iglesia, escribió David Agren.
Se han cometido un total de 1.010 agresiones contra la Iglesia nicaragüense desde 2018, según Martha Patricia Molina, abogada nicaragüense en el exilio que realiza un seguimiento de esta persecución. Esa cifra se redujo a tan solo 32 en lo que va de 2025, frente a un máximo de 321 ataques en 2023, según Molina en la séptima edición de su informe, “Nicaragua, una Iglesia Perseguida”.
“Iglesia diezmada”
“El descenso en las cifras que se observa en 2025 no significa que se esté estableciendo una relación cordial entre la dictadura (nicaragüense) y la Iglesia católica, sino que en esta etapa de represión la iglesia está diezmada”, dijo Molina. Bajo ninguna circunstancia el clero puede denunciar los abusos y la vigilancia diaria a la que se ve sometido. No expresan públicamente su sufrimiento debido a las amenazas que reciben de miembros de la Policía Nacional”, afirmó la abogada en el informe.
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