Juicio en el Vaticano a Becciu: tres claves de interpretación— Courtney Mares / OSV News
El tribunal de apelación del Vaticano declaró nulo parcialmente el juicio en el sonado caso de malversación financiera en el que estaban implicados el cardenal Angelo Becciu y otros acusados, alegando errores de procedimiento por parte de la fiscalía en el juicio celebrado en el Vaticano que, en 2023, había dado lugar a una condena de prisión para el cardenal por varios delitos de malversación de fondos.
En una sentencia de 16 páginas dictada el 17 de marzo, el Tribunal de Apelación, presidido por el arzobispo Alejandro Arellano Cedillo, declaró que los fiscales del Vaticano cometieron errores procesales que vulneraron el derecho de los acusados a una defensa justa.
Algunas partes del procedimiento original son nulas
Sin llegar a anular por completo el proceso, el tribunal dictaminó que algunas partes del proceso original eran nulas y debían volver a examinarse, entre ellas las declaraciones de los testigos y la valoración de pruebas concretas. La próxima vista está prevista para el 22 de junio.
El tribunal precisó que la sentencia de “nulidad relativa” no anula por completo los efectos jurídicos de la sentencia original de diciembre de 2023, en la que el cardenal Becciu fue condenado a cinco años y medio de prisión, a la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos y a una multa de más de 8 000 dólares.
Operación inmobiliaria en Londres
El caso gira en torno a la inversión de la Santa Sede de unos 350 millones de euros (casi 404 millones de dólares) en un proyecto inmobiliario de lujo en Londres entre 2014 y 2018. La fiscalía había alegado que varios intermediarios y funcionarios del Vaticano se habían embolsado decenas de millones de euros en honorarios y comisiones indebidos durante la adquisición.
La saga del “juicio del siglo” del Vaticano, que se prolongó durante casi dos años y medio y contó con 86 sesiones, declaró culpables al cardenal Becciu y a otros ocho acusados de cargos que incluían fraude y abuso de poder, y el tribunal impuso a la Santa Sede el pago de decenas de millones de euros en concepto de indemnización. Todos los acusados se declararon inocentes y presentaron recurso de apelación.
Se ordena a la fiscalía que haga público el expediente completo del caso
Entre las disposiciones más importantes de la sentencia del 17 de marzo, el tribunal ordenó a la Oficina del Promotor de Justicia —el equivalente vaticano a la fiscalía—, dirigida por Alessandro Diddi, que depositara en la secretaría del tribunal, antes del 30 de abril, el expediente completo y sin censura de todos los documentos de la investigación.
Los abogados defensores habían alegado que solo habían recibido parte del material, con documentos clave censurados. Entre el contenido omitido, según se señala en la sentencia, se encontraban mensajes de chat sobre el testigo monseñor Alberto Perlasca, antiguo director de la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado.
La fiscalía había alegado que las supresiones eran necesarias para proteger investigaciones paralelas, pero el tribunal de apelación dio la razón a la defensa, al considerar que las omisiones constituían una infracción procesal fundamental.
Las partes tendrán hasta el 15 de junio para examinar toda la documentación y preparar sus respectivos argumentos.
Los decretos papales, en el centro de la controversia
La sentencia también abordó una controversia distinta, aunque relacionada, sobre cuatro rescriptos papales —o decretos ejecutivos— emitidos por el difunto Papa Francisco que ampliaban considerablemente las facultades de investigación de la Oficina del Promotor de Justicia durante las investigaciones. Los abogados defensores alegaron que los rescriptos no se publicaron a su debido tiempo y que no se comunicaron a la defensa hasta justo antes de que comenzara el juicio original, lo que privó a los acusados de información crucial durante la fase de investigación.
El tribunal de apelación consideró que uno de los rescriptos tenía, en la práctica, carácter legislativo, y que el hecho de que el Papa Francisco no lo hubiera hecho público lo había dejado sin efecto.
Esta conclusión tiene importantes repercusiones para el nuevo juicio, ya que pone en tela de juicio una serie de medidas adoptadas por la Fiscalía en virtud de la autoridad que conferían dichos decretos papales, incluida la detención en 2020 del agente Gianluigi Torzi, quien permaneció recluido durante diez días en instalaciones del Vaticano y fue interrogado sin que se le imputaran cargos y sin supervisión judicial.
Nuevo Papa, nuevo llamamiento a la credibilidad judicial
La sentencia se dictó apenas unos días después de que el Papa León XIV inaugurara el año judicial de la Ciudad del Vaticano con un discurso en el que se refirió a la importancia de “la observancia de las garantías procesales, la imparcialidad del juez, la efectividad del derecho de defensa y la duración razonable de los procedimientos” para preservar la autoridad y la estabilidad institucional.
“El amor y la verdad son inseparables: solo amando conocemos la verdad, y el amor a la verdad nos lleva a descubrir la caridad como su plenitud”, afirmó el Papa. “Por eso, la justicia, cuando se ejerce con equilibrio y fidelidad a la verdad, se convierte en uno de los factores más sólidos de unidad dentro de la comunidad”.
Esta noticia se publicó primero en inglés en OSV News. Puede leer el texto original AQUÍ.
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