A los dos meses de ser detenida en Birmingham por “rezar en su mente” ante un centro abortista, que practicaba unos diez abortos anuales, Isabel Vaughan-Spruce manifestó a la directora de Omnes, en febrero de 2023, que “nuestras libertades básicas están siendo calificadas de delitos”. “Esto debería preocupar a todo el mundo, sea cual sea su posición en el debate sobre el aborto”, añadió.
En efecto, en septiembre de 2024, el nuevo gobierno laborista del Reino Unido anunció que la legislación para promulgar las llamadas “zonas de acceso seguro” o “zonas de amortiguamiento” fuera de las instalaciones de aborto en Inglaterra y Gales, entraría en vigor a partir del 31 de octubre.
La legislación, contenida en la sección 9 de la Ley de Orden Público de 2023, penaliza una serie de actividades dentro de un perímetro de 150 metros de un centro abortista. Estas actividades convertidas en delito incluyen potencialmente la presencia pacífica, la oración, el pensamiento, la comunicación consensuada y las ofertas de apoyo práctico a las mujeres en situaciones vulnerables, en el caso de que se considerara que alguna de éstas influye o interfiere con el acceso a la clínica, según informó la Conferencia de obispos de Inglaterra y Gales.
Arzobispo Sherrington: legislación discriminatoria
Casi inmediatamente, el 18 de septiembre, monseñor John Sherrington, obispo principal de asuntos de vida de la Conferencia de Obispos Católicos de Inglaterra y Gales, nombrado ahora arzobispo de Liverpool por el Papa Francisco, consideró la legislación como “innecesaria y desproporcionada”, y una “discriminación hacia las personas de fe”.
Éstas fueron sus palabras: “Como la Conferencia de Obispos Católicos declaró repetidamente durante la aprobación del proyecto de Ley de Orden Público el año pasado, la legislación de ‘zona de acceso seguro’ es innecesaria y desproporcionada. Condenamos todo acoso e intimidación contra las mujeres y sostenemos que, como se aceptó en una revisión del Ministerio del Interior, ya existen leyes y mecanismos para proteger a las mujeres de tal comportamiento”.
Libertad religiosa, fundamental en una sociedad democrática
“En la práctica, y a pesar de cualquier otra intención, esta legislación es discriminatoria y afecta desproporcionadamente a las personas de fe”, añadió el obispo Sherrington, en representación de “Bishop for Life Issues”, y elevó progresivamente el alcance de su argumentación.
A su juicio, “la libertad religiosa es la libertad fundamental de cualquier sociedad libre y democrática, esencial para el florecimiento y la realización de la dignidad de cada persona humana. La libertad religiosa incluye el derecho a manifestar las creencias privadas en público a través de testimonios, oraciones y actividades benéficas, incluso fuera de las instalaciones de aborto”.
“Además de ser innecesarios y desproporcionados”, añadió, “tenemos profundas preocupaciones en torno a la eficacia práctica de esta legislación, particularmente dada la falta de claridad en relación con la práctica de la oración privada y las ofertas de ayuda dentro de las ‘zonas de acceso seguro’”.
Un paso atrás
El obispo británico recordaba asimismo, entre otras cosas, una reflexión del Papa Francisco sobre la libertad religiosa. “Un pluralismo saludable, que realmente respeta las diferencias y las valora como tales, no implica privatizar las religiones en un intento de reducirlas a la oscuridad silenciosa de la conciencia del individuo o de relegarlas a los recintos cerrados de iglesias, sinagogas o mezquitas”, señaló el Pontífice.
“Esto representaría, en efecto, una nueva forma de discriminación y autoritarismo. Al legislar e implementar las llamadas “zonas de acceso seguro”, el gobierno del Reino Unido ha dado un paso atrás innecesario y desproporcionado en la protección de las libertades religiosas y cívicas en Inglaterra y Gales”, recordaba el obispo.
“Pensamiento único”
Además de las claras condenas de políticas abortistas y antinatalistas que lleva realizando con frecuencia, el Papa Francisco denunció el pensamiento único y el totalitarismo ideológico. Así lo hizo ante el Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede en varias ocasiones.
En enero de 2023, por ejemplo, denunció las “crecientes polarizaciones e intentos de diversos foros internacionales para que se imponga un pensamiento único, lo que impide el diálogo y margina a aquellos que piensan distinto”.
En el mismo discurso, apuntó a “un totalitarismo ideológico, que promueve la intolerancia respecto al que no adhiere a supuestas posiciones de ‘progreso’” y que emplea “cada vez más recursos para imponer, especialmente en relación a los países más pobres, formas de colonización ideológica, creando, por otra parte, un nexo directo entre la concesión de ayudas económicas y la aceptación de tales ideologías”.
Derechos humanos
En este debate y en otros relativos a restricciones de derechos fundamentales, la Iglesia católica se ha situado inequívocamente en favor de los instrumentos internacionales de derechos humanos, desde la Declaración Universal de 1948, ampliamente reconocida, que incluye “la libertad de pensamiento, conciencia y religión” (art. 18), además del “derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” (art. 3).
Por otra parte, diversos expertos han recordado la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (año 2000), cuando reconoce “el derecho a la objeción de conciencia”, eso sí, de acuerdo con las leyes nacionales. Un marco legal aplicable también al proyecto de ley de suicidio asistido, a cuya tramitación dio luz verde el Parlamento británico en noviembre del año pasado, como informó omesmag.com, para las personas a las que queden menos de seis meses de vida. El ‘Terminally III Adults (End of Life)’ requiere todavía tiempo de tramitación, y originó un encendido debate en el Palacio de Westminster.
