La Iglesia española y el Gobierno logran un acuerdo para reparación de víctimas de abusos sexuales 

Una “nueva vía” para “aquellas personas víctimas de abusos sexuales que no deseen acudir directamente a la Comisión PRIVA establecida por la Iglesia” y cuyos casos no puedan tener recorrido judicial. Así describe la nota remitida por la Conferencia Episcopal Española el objeto del acuerdo que llevará la firma de Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Mons. Luis Argüello, presidente de la CEE, y Jesus Díaz Sariego, presidente de la CONFER. 

Reparación integral para todos los menores abusados en cualquier ámbito de la vida pública

El acuerdo ha logrado el aprobado de todas las partes una vez que “el Gobierno se ha comprometido, como solicitaba la Iglesia, a abordar la reparación integral de todos los menores víctimas de abusos sexuales en cualquier ámbito de la vida pública”. El acuerdo determina que será el Defensor del Pueblo quien fije, en el caso de reparación económica, la cantidad que recibirá la víctima y será la Iglesia quien la abone.

Según la nota emitida por los obispos españoles, el sistema “tendrá el criterio técnico de la Oficina del Defensor del Pueblo, la evaluación de la Comisión del PRIVA, el consenso Iglesia Católica-Estado y la participación de las víctimas”. Por el momento, al acuerdo se ciñe a un año de vigencia (prorrogable otro año más), “para aquellas causas que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial bien por la prescripción del delito o bien por la muerte del victimario”.

Unidad de criterios

A partir de este nuevo acuerdo, “la Oficina del Defensor del Pueblo estudiará los casos presentados”, -esos que no deseen ser atendidos por la comisión PRIVA de manera directa-  “y propondrá un cauce de reparación que será estudiado y evaluado por la Comisión PRIVA establecida por la Iglesia”. 

Uno de los puntos clave de este acuerdo es la unidad de criterio de “valoración de los casos y de la baremación de la reparación de la Oficina del Defensor del Pueblo y de la Comisión PRIVA. En caso de discrepancia de la valoración una comisión mixta estudiará el caso que, en última instancia será establecido por el Defensor del Pueblo tras escuchar al presidente de la CEE o de la CONFER según el caso”.

Otro punto clave es que las indemnizaciones de carácter económico estarán exentas de tributación, especialmente del impuesto sobre la Renta.

Primer acuerdo conjunto

Se trata del primer paso de colaboración conjunta entre el Gobierno y la Iglesia en España en este ámbito ya que, desde el Gobierno se ha defendido sistemáticamente que la reparación a las víctimas debe estar garantizada por un sistema público, obligatorio, efectivo y supervisado por el Estado mientras que la Iglesia puso en marcha su propio sistema de reparación a través de la comisión del PRIVA.

Esta comisión ha gestionado, en su primer año de funcionamiento, un total de 89 solicitudes de reparación integral (en datos de septiembre de 2025), de las que 32 pertenecen a casos en diócesis y 57 a casos sucedidos en el seno de congregaciones religiosas.

De ellas, “casi la mitad fueron resueltas con una propuesta de reparación integral de entre 3.000 y 100.000 euros, además de otra serie de conceptos de reparación en especie y de compromisos por parte de las instituciones”.

El propio ministro Bolaños había advertido a la CEE que el Gobierno no aceptaría una fórmula de reparación de la Iglesia sin control estatal.

Las sucesivas conversaciones entre el Gobierno y la Iglesia han estado marcadas en diversos momentos por la diferencia de criterios hasta llegar al acuerdo de hoy que, según destaca la nota de la CEE no está basado en “la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes”.