España

España: Las indemnizaciones a las víctimas de abusos en la Iglesia las fijará el Estado y las pagará la Iglesia

El texto establece que el Defensor del Pueblo tendrá la última palabra en caso de no alcanzar un acuerdo para la reparación de las víctimas de abuso en la Iglesia.

Maria José Atienza·8 de enero de 2026·Tiempo de lectura: 3 minutos

Firma del acuerdo entre Iglesia y Gobierno @CEE

El ministro español de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha ofrecido una rueda de prensa en la sede del ministerio de Justicia. El objeto de esta comparecencia ha sido explicar el acuerdo entre Gobierno – Iglesia en España sobre una nueva vía para la reparación de abusos sexuales a menores a través del Defensor del Pueblo.

Bolaños ha explicado el acuerdo al que se ha llegado, tras dos años de «negociaciones arduas, complicadas» y en las que en los momentos difíciles «el Vaticano abogó por un acuerdo», establece que una reparación a todas las víctimas de abusos en la Iglesia, siempre que no puedan acudir a los procedimientos judiciales, porque la mayoría estén prescritos. 

¿Cómo funcionarán estas reparaciones?

Según ha explicado el Ministro, el Estado va a crear una unidad de tramitación en el Ministerio donde se dará soporte a estas víctimas, respetando la intimidad, para presentar su solicitud de reparación, que puede ser de carácter económico, moral, psicológico, restaurativo o las cuatro simultáneamente.

Esta solicitud se trasladará a una unidad de víctimas, bajo la tutela del Defensor del Pueblo que la presentará a la víctima y a la Iglesia; si tienen el plácet de ambos, la Iglesia abonará (en el caso de reparación económica, la cantidad fijada).

Si alguna de las partes no está conforme, pasará a una segunda instancia en la que re reunirán la Iglesia, el Estado y víctimas, y ahí en un trabajo conjunto, se intentará llegar a un acuerdo. Si tampoco hubiera acuerdo, prevalecerá el criterio del defensor del Pueblo.

El Ministro ha reiterado en varias ocasiones que, en este acuerdo fijado, se establace que la indemnización la fija el Estado español y la abona la Iglesia.

El acuerdo, que sólo se circunscribe a víctimas de abusos en el seno de la Iglesia católica en España, se ha firmado por un año, prorrogable uno más.

Luis Argüello: «Una nueva vía para reparar»

Tras la comparecencia del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha sido el Presidente de la Conferencia Episcopal Española el que ha querido explicar el papel de la Iglesia en este acuerdo que se une «a los pasos que la Iglesia está dando, en este sentido, en sus diócesis y congregaciones».

Argüello ha querido destacar el hecho de que, en el trabajo de las oficinas diocesanas y de congregaciones religiosas, «hemos encontrado algunas circunstancias importantes  para incorporar a este acuerdo: personas que han sufrido abusos en otros ámbitos: deporte, educación estatal, centros de protección de menores, etc. Por eso, nos ha parecido importante el compromiso de que en el desarrollo de la ley de protección de la infancia y la adolescencia, se haga una propuesta análoga a la que realiza  la Iglesia con la comisión PRIVA, para que otros sectores puedan ofrecer una reparación a las víctimas a pesar de ser casos prescritos». 

Asimismo, el presidente de los obispos españoles ha destacado su interés en que las indemnizaciones estuvieran exentas fiscalmente.

Jesús Díaz Sariego: «la sociedad tiene que apostar por las víctimas, también las que no han sido abusadas en la Iglesia»

En esta comparecencia, el presidente de la CONFER, Jesús Díaz Sariego, ha puesto de manifiesto el compromiso moral de la Iglesia que asume la reparación de casos que ya están prescritos y que «se abre una nueva vía para aquellas personas que no quieren acceder a la comisión PRIVA, pero hay que reconocer el trabajo que esta comisión está haciendo».

Díaz Sariego ha puesto en valor las indemnizaciones ya realizadas, el trabajo de prevención y la tarea de la Iglesia y sus congregaciones religiosas en este punto y ha destacado que «estamos en condiciones de exigir a la sociedad en su conjunto la apuesta por las víctimas, también las que no han sido abusadas en la Iglesia»



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