El Consejo de Ministros alemán aprobó el pasado 29 de abril una reforma del seguro sanitario que, si supera el debate en el Bundestag, impondrá a los cónyuges que no cotizan un recargo mensual por su cobertura médica a partir de 2028. Hasta ahora, estas personas estaban cubiertas sin coste adicional a través del Familienversicherung, el seguro familiar público alemán.
Según el texto aprobado por el ejecutivo de Friedrich Merz, el recargo se situaría en torno a los 225 euros mensuales o el 3,5% del salario bruto del cónyuge cotizante, aunque las cifras podrían modificarse durante la tramitación parlamentaria. El Gobierno justifica la medida por la necesidad de cubrir un déficit estimado en 15.000 millones de euros en el sistema de salud público.
Las personas directamente afectadas son, en su gran mayoría, mujeres: el seguro familiar cubre actualmente a aproximadamente 2,5 millones de cónyuges que están fuera del mercado laboral que cotiza; en casa, con mini job, prejubiladas…
Una contradicción ideológica en el seno del Gobierno
La reforma no ha pasado sin controversia dentro de la propia coalición gobernante. La ministra de Sanidad, Nina Warken, pertenece a la Unión Demócrata Cristiana (CDU), partido que ha situado históricamente la defensa del modelo de familia tradicional —y del cónyuge dedicado al hogar— en el centro de su programa electoral. Diversos analistas y responsables de organizaciones familiares señalan que la medida penaliza económicamente precisamente ese modelo.
En los hogares con hijos menores de siete años o con personas dependientes a cargo, la reforma no introduce cambios. Sin embargo, en aquellos con hijos de mayor edad, la ecuación económica se recalibra: el cónyuge que permanece en casa dejará de estar cubierto, lo que introduce un incentivo estructural hacia la incorporación al mercado laboral.
Organizaciones críticas con la medida, los sindicatoso sociales de SoVD y VdK, advierten de que, al monetizar la ausencia de cotización, el Estado penaliza directamente a la mujer y traslada implícitamente que el trabajo de cuidado dentro de la famiilia—crianza, atención a personas mayores, gestión del hogar— no tiene reconocimiento económico en el sistema.En un país con una tasa de fecundidad inferior a 1,5 hijos por mujer y una preocupación creciente por el envejecimiento demográfico, penalizar ese modelo podría agravar, a largo plazo, el mismo problema que la reforma pretende resolver.
Sentar precendete en Europa
La reforma alemana llega en un momento en que varios países de la Unión Europea debaten la sostenibilidad de sus sistemas de protección social. Francia, Austria, Bélgica y los Países Bajos mantienen fórmulas similares de coaseguro o desgravación por cónyuge dependiente que han comenzado a cuestionarse bajo argumentos análogos: equidad contributiva, fomento del empleo femenino y equilibrio presupuestario.
Cuando la mayor economía del continente adopta una medida de este alcance puede sentar precedente o servir de inspiración a organismos, como la Comisión Europea y otros gobiernos nacionales, que la puedan tomar como referencia para sus propias reformas. El debate de fondo, en cualquier caso, trasciende lo fiscal: lo que está en juego es si el Estado considera la unidad económica relevante al adulto cotizante o a la familia como célula con funciones sociales propias.
La propuesta deberá superar aún el debate y la votación en el Bundestag antes de entrar en vigor.
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