El director de la oficina de información de la Conferencia Episcopal Española, Josetxo Vera, publicó el 15 de abril un artículo en El Mundo en el que, con un tono respetuoso, reprocha al ministro Félix Bolaños la desinformación que impulsa en sus reiteradas declaraciones públicas sobre el acuerdo alcanzado el 30 de marzo entre la Iglesia católica, el Defensor del Pueblo y el Gobierno para la reparación de las víctimas de abusos sexuales.
El texto de Vera es una gran noticia, sobre todo en la medida en que rompe la espiral de silencio que parecía haberse instalado en la Iglesia española en torno a la falta de coherencia del gobierno y la clase política a la hora de investigar verdaderamente los abusos sexuales a menores.
Las falsedades del ministro
El artículo de Vera sostiene que el ministro está construyendo un relato que no se ajusta a los hechos ni a la verdad, y rebate varias de sus afirmaciones:
En primer lugar, cuestiona la idea de que antes de estos acuerdos las víctimas no recibían atención. Señala que esto no es correcto, ya que la Iglesia creó en 2020 más de 200 oficinas en toda España destinadas a la atención de víctimas de abusos y a la protección de menores, a las que han acudido más de mil personas en los últimos años.
También desmiente que la Iglesia haya comenzado a pagar indemnizaciones sólo a raíz de estos acuerdos. Según explica, la institución lleva tiempo haciéndolo desde distintas vías: cumpliendo con las indemnizaciones dictadas por la justicia civil, penal o canónica; realizando pagos de forma voluntaria incluso sin obligación judicial; y aplicando las medidas de reparación contempladas en el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos (PRIVA), especialmente en casos donde la justicia no podía intervenir por prescripción del delito o fallecimiento del agresor.
Asimismo, Vera rechaza la afirmación de que el acuerdo establece que el Estado fija las indemnizaciones y la Iglesia las paga. Aclara que, aunque es la Iglesia quien asume el pago, la cuantía no la determina el Estado, sino que surge de un acuerdo entre la propuesta del Defensor del Pueblo y la del PRIVA. Sugiere que interpretar lo contrario implicaría que el Gobierno entiende que el Defensor no es una figura independiente.
El artículo también sostiene que, en materia de abusos a menores, la Iglesia ha podido actuar en ámbitos donde el Estado encuentra límites legales, como en los casos en que los delitos han prescrito o el agresor ha fallecido, situaciones en las que la justicia ordinaria no puede intervenir.
Lo que el ministro no dice
Por otro lado, Vera señala aspectos que, a su juicio, el ministro omite. Entre ellos, destaca la existencia de protocolos de prevención y actuación desarrollados por la Iglesia, y subraya que otras instituciones no han implementado estructuras similares de atención a víctimas. Añade que algunas víctimas de abusos en otros ámbitos acuden a oficinas eclesiales por falta de alternativas.
También menciona que las indemnizaciones económicas recibidas por las víctimas deben tributar actualmente, algo que considera que parece que va a cambiar próximamente gracias a la insistencia de la Iglesia.
Por último, recuerda que el ministro se comprometió en un preacuerdo firmado en enero a abordar la reparación integral de las víctimas de abusos en todos los ámbitos sociales, incluidos aquellos bajo responsabilidad directa de las administraciones públicas, un aspecto que, según Vera, no está siendo suficientemente tenido en cuenta por el Gobierno.
El silencio de los medios
Hasta aquí el contenido del artículo de Josetxo Vera. A ello puede añadirse otro elemento relevante del contexto español: el escaso interés de los medios de comunicación a la hora de exigir al Gobierno el cumplimiento de sus compromisos. Este fenómeno, sin embargo, no es nuevo, ya que desde hace años se percibe una doble vara de medir sobre estos asuntos, como reflejan varios ejemplos.
Por un lado, la limitada presión ejercida por la “opinión pública” cuando en 2020 salieron a la luz negligencias de algunos políticos y administraciones públicas en la gestión y ocultación de abusos a menores en centros bajo su tutela.
Por otro, la escasa crítica de los medios que se proclaman adalides de la lucha contra los abusos cuando, en 2022, el Congreso rechazó abrir una investigación sobre abusos en todos los ámbitos sociales, optando en cambio por circunscribirse únicamente a los casos relacionados con la Iglesia.
Asimismo, cabe señalar la falta de insistencia para que el Gobierno haga públicos datos detallados sobre el origen de los casos de abusos sexuales a menores que se registran cada año. La única referencia oficial en este sentido procede de la Fiscalía General del Estado en 2023, cuyos datos apuntaban a que el 0,45 % de las denuncias correspondían al ámbito eclesial, incluyendo también al personal laico vinculado a centros educativos.
A la luz de estos elementos, cada vez hay más dudas sobre si existe un compromiso efectivo, tanto por parte del Gobierno como de los medios, para abordar de manera integral la reducción de los abusos sexuales a menores en todos los ámbitos de la sociedad.
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