El elefante del que nadie habla de las indemnizaciones por abusos en España

En las últimas semanas, diversos medios de comunicación en España han intensificado sus críticas a la Iglesia católica por su gestión de los casos de abusos sexuales, poniendo el foco especialmente en la cuestión de las indemnizaciones a las víctimas. Según esta narrativa, la institución eclesial no estaría respondiendo de forma adecuada a las demandas de reparación, lo que justificaría una intervención gubernamental para garantizar acuerdos satisfactorios.

Sin embargo, este debate público plantea interrogantes relevantes en términos de coherencia, memoria y enfoque que merecen un análisis más detenido.

¿El origen del problema está en la Iglesia?

Por un lado, resulta llamativo el contraste histórico en el tratamiento mediático de ciertos referentes culturales. En la década de 1970, más de 69 intelectuales franceses firmaron un manifiesto en el que solicitaban la despenalización de las relaciones sexuales entre adultos y menores. Entre los firmantes se encontraban figuras de enorme influencia como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard, Jack Lang —quien posteriormente sería Ministro de Cultura— o Bernard Kouchner, fundador de Médicos Sin Fronteras.

Muchos de estos autores han sido posteriormente promovidos, celebrados y convertidos en referentes por los mismos espacios mediáticos que hoy denuncian con contundencia los abusos cometidos por una parte del clero. Sin cuestionar en absoluto la necesidad —indiscutible— de exigir responsabilidades a la Iglesia por los delitos cometidos en su seno, sí cabe señalar la ausencia de un escrutinio igualmente riguroso hacia quienes, en su momento, defendieron posiciones que hoy resultan social y moralmente inaceptables.

Más aún, los medios que contribuyeron a ensalzar a estas figuras rara vez han ejercido autocrítica sobre su propio papel en la legitimación cultural de ciertas ideas. Se da así una paradoja difícil de ignorar: quienes ayudaron a normalizar postulados problemáticos en el pasado, hoy condenan con firmeza sus consecuencias sin asumir responsabilidad alguna ni entonar el más mínimo “mea culpa”.

Esto abre una cuestión de fondo: ¿es adecuado atribuir de forma casi exclusiva la responsabilidad moral de los abusos a una única institución como la Iglesia católica, que doctrinalmente ha rechazado siempre estas prácticas? ¿O cabría también examinar el papel de determinados intelectuales, corrientes culturales y altavoces mediáticos que, en otros momentos históricos, contribuyeron a erosionar ciertos límites éticos?

El olvido de la mayoría de víctimas

A ello se suma otro dato relevante: según la Fiscalía General del Estado, solo el 0,45 % de los abusos a menores en la actualidad se producen en entornos eclesiales. Pese a ello, la cobertura informativa tiende a concentrarse de forma muy significativa en este ámbito concreto, generando una percepción pública que no siempre se corresponde con la distribución real del problema.

En paralelo, algunas propuestas políticas han planteado la necesidad de abordar el fenómeno de manera integral, investigando todos los contextos en los que se producen abusos —familiares, educativos, deportivos o institucionales— y estableciendo mecanismos de reparación para el conjunto de las víctimas. Sin embargo, estas iniciativas no han recibido una atención mediática equiparable, lo que refuerza la impresión de que el debate se encuentra parcializado.

Todo ello sugiere que la conversación pública y política se está delimitando en exceso a la responsabilidad de una institución concreta, dejando en segundo plano una reflexión más amplia y compleja sobre las causas, los contextos y las responsabilidades compartidas.

Y aquí emerge el verdadero “elefante en la habitación” de este problema: la ausencia de un enfoque verdaderamente universal en materia de reconocimiento e indemnización de las víctimas. Mientras el foco se concentra casi exclusivamente en los casos vinculados a la Iglesia, la inmensa mayoría de víctimas de abusos en otros ámbitos quedan sin el mismo nivel de visibilidad o propuestas de reparación. 

En este sentido, la tendencia a establecer “categorías” de víctimas desplaza selectivamente el foco hacia determinados victimarios, de modo que el interés deja de estar verdaderamente en las víctimas y en su reparación integral. El resultado es una injusticia añadida: quienes han sufrido el daño quedan además subordinados a un relato que prioriza a quién señalar antes que a quién reparar.

¿Se cumple lo acordado?

Y, en última instancia, queda en evidencia el escaso interés de buena parte de la prensa por el conjunto de las víctimas de abusos, erosionando gravemente su credibilidad moral y su pretendida profesionalidad. Y si no, preguntémonos por qué ningún medio está presionando para que se cumpla uno de los puntos que acordó el gobierno con la conferencia episcopal el pasado 8 de enero: 

“El desarrollo de este mecanismo de reparación a víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica se inscribe en el marco del compromiso del Gobierno de promover el cumplimiento de los fines previstos en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia adolescencia frente a la violencia, para abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social”. 

¿Firmarán los obispos españoles un plan de reparaciones sin que el gobierno haya cumplido su palabra de reparar a las víctimas de otros ámbitos? ¿No es una buena ocasión para que la Iglesia refuerce su autoridad moral exigiendo al gobierno que investigue a todas las víctimas de abusos?