León XIV aprueba los nuevos estatutos de la Comisión Pontificia para la Tutela de los Menores

La Santa Sede ha publicado un “Rescriptum ex Audientia Sanctissimi” mediante el cual el Papa León XIV aprueba el nuevo Estatuto de la Comisión Pontificia para la Tutela de los Menores (“Tutela Minorum”).

La aprobación se concedió el 20 de mayo de 2026 al cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, y entra en vigor de forma inmediata tras su publicación en los medios oficiales vaticanos. Las nuevas normas tendrán una validez “ad experimentum” durante un periodo de tres años.

Dependencia directa del Papa

Según los nuevos estatutos, la Comisión queda integrada en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, debiendo colaborar con este organismo respetando los distintos ámbitos de competencia de cada uno. A pesar de esta vinculación, la Comisión mantiene una línea directa con el Pontífice, informándole directamente a través de su Presidente.

Para estrechar la colaboración en áreas de interés común (como las visitas “ad limina” o la preparación del Informe Anual), el Estatuto determina que el Presidente o el Secretario de la Comisión será nombrado miembro del Dicasterio para la Doctrina de la Fe durante su mandato. Por su parte, el Prefecto del Dicasterio, actualmente el cardenal Víctor Manuel Fernández, designará uno o más observadores para las Asambleas Plenarias de la Comisión.

Competencias clave

El “rescriptum” detalla las funciones principales del organismo, enfocadas en la protección de los menores y personas vulnerables ante los abusos sexuales:

• Asesoramiento al Pontífice: Ofrecer consejo y proponer las iniciativas más oportunas de protección y prevención;
• Apoyo a las estructuras de la Iglesia: Asistir a los obispos diocesanos/eparquiales, conferencias episcopales y superiores mayores en el desarrollo y la actualización de sus Líneas Guías locales;
• Sistemas de notificación y centros de acogida: Promover la creación de sistemas estables y fácilmente accesibles para presentar denuncias de abusos, así como impulsar centros regionales y nacionales donde las víctimas reciban acogida y asistencia espiritual, médica, terapéutica y psicológica;
• Elaboración de un Informe Anual: Preparar y publicar un informe objetivo sobre las políticas de tutela de la Iglesia, estructurado en las secciones “Missio universalis”, que “aborda temas específicos relacionados con la tutela que inciden en el ‘safeguarding’ (salvaguardia) de la Iglesia en todo el mundo; y “Missio localis”, que está “dirigida a las actividades relacionadas localmente con especial referencia a los territorios de las Conferencias episcopales en visita ‘ad limina Apostolorum” y a específicos Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica” . Este documento se remitirá al Papa previa consulta informativa a la Secretaría de Estado, y requerirá el consentimiento explícito del Romano Pontífice para su publicación anual.

Estructura organizativa y funcionamiento interno

La Comisión estará compuesta por un máximo de 23 miembros elegidos por el Papa por un periodo de cinco años, con posibilidad de reconfirmación. Estos miembros serán «clérigos, miembros de Institutos de Vida Consagrada y de Sociedades de Vida Apostólica y laicos de diversas nacionalidades que se distingan por su ciencia, probada capacidad y experiencia pastoral en los diversos ámbitos de la tutela”.

Por otro lado, entre las normas internas de funcionamiento aprobadas en el “rescriptum” destacan las siguientes:

• Mayoría cualificada: Todas las propuestas que la Comisión presente al Sumo Pontífice deberán contar previamente con la aprobación de una mayoría de dos tercios de sus miembros.
• Asamblea Plenaria: Se reunirá de forma ordinaria dos veces al año (con opción de realizarse por videoconferencia) y requerirá la presencia de al menos dos tercios de los miembros para constituirse válidamente.
• Órganos internos: Se definen los Grupos de Trabajo (divididos en Regionales y de Estudio) y el Consejo Ejecutivo, este último como el órgano permanente encargado de coordinar las iniciativas mensuales de trabajo.
• Confidencialidad obligatoria: Tanto los miembros de la Comisión como los consultores, oficiales y colaboradores externos tienen la obligación estricta de observar el secreto de oficio sobre la información que conozcan en el ejercicio de sus funciones.
• Sede e idiomas: El organismo mantendrá su sede legal y el resguardo confidencial de sus archivos en el Estado de la Ciudad del Vaticano, fijando el italiano, el español y el inglés como sus lenguas oficiales de trabajo.

Al término del periodo de tres años de prueba, la Comisión evaluará el desarrollo de estas normas y someterá al Sumo Pontífice las modificaciones pertinentes para la redacción y aprobación de un estatuto definitivo.