Legislar en tiempos modernos

La visita del Papa León XIV a España en junio nos ha dejado un acontecimiento parlamentario que trasciende la mera crónica política o el protocolo diplomático. Su discurso ante las Cortes Españolas, sellado por una impresionante ovación de más de siete minutos, exige una pausa analítica profunda.

En un panorama legislativo marcado por la inmediatez del debate partidista, el Pontífice optó por elevar el listón y adentrarse en el terreno de los fundamentos, centrando su alocución en un tríptico vertebrador de la civilización occidental: la Libertad, las Leyes y la Democracia, bajo el paraguas irrenunciable de la Dignidad Humana. 

El núcleo de su advertencia apuntó directamente a las bases de una convivencia pacífica y plural. Para el Papa, la salud de una democracia se mide por cómo el poder político se detiene ante el umbral de la intimidad del ciudadano, señalando textualmente:  “De este respeto al otro nace también el deber de custodiar el espacio donde maduran sus convicciones, su conciencia y su relación con Dios. La atención a ese ámbito interior permite comprender mejor una cuestión decisiva para toda sociedad verdaderamente democrática: la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, derecho fundamental que tutela el ámbito más íntimo de las personas”.

Esta declaración sitúa el respeto a la interioridad no como una concesión graciosa del Estado, sino como un tesoro prioritario que las instituciones deben tutelar de forma activa, y no solo tolerar con resignación.

Paradójicamente, en una sociedad obsesionada con la protección de sus datos digitales, descuidamos a menudo el verdadero fundamento de toda privacidad. Si protegemos con tanto celo nuestro rastro en las redes, deberíamos estar infinitamente más comprometidos con la salvaguarda de la libertad de las conciencias.

El laberinto antropológico: la conciencia frente a las conciencias

Para comprender el calado del mensaje papal es indispensable realizar un estudio antropológico serio que impida caer en un error común: confundir la «libertad de conciencia» con «la libertad de las conciencias». Aunque parezca un mero desvelo semántico, la distancia conceptual es abismal. 

La libertad de conciencia, en singular, opera como un principio ontológico ligado a la naturaleza misma del ser. Define la capacidad intrínseca del ser humano de poseer un santuario interior inviolable. Su núcleo es la facultad de juzgar el bien y el mal, permitiendo al individuo adherirse a una cosmovisión sin que ningún agente externo pueda forzar ese pensamiento íntimo. Desde esta perspectiva, el ser humano es un sujeto soberano, dotado de razón y dignidad radical. Se trata de una libertad «de derecho» que todo ser humano posee por el hecho de nacer, siendo el motor de su responsabilidad moral.

Sin embargo, el escenario cambia cuando el lenguaje se encarna en la libertad de las conciencias. Aquí la antropología abandona la abstracción y mira a las personas reales. Pasamos de la teoría jurídica a la práctica cotidiana, marcada por la diversidad cultural y la fragilidad humana. En este plano, el núcleo es el derecho de cada conciencia concreta —la tuya, la mía, la del vecino, …— a existir, equivocarse, expresarse y convivir en el espacio común.

Esta visión reconoce que la conciencia no germina en el vacío; está condicionada por la educación, el idioma, los traumas y la cultura. Por tanto, implica aceptar que el ser humano es plural y falible.

Ambas dimensiones se unen de forma indisoluble: antropológicamente, la primera es el fundamento de la segunda. Es imposible defender la libertad de las conciencias sin creer antes en la dignidad de la conciencia singular. Pero la primera se reduce a papel mojado si no se cristaliza en la segunda: un respeto activo hacia el modo en que cada individuo real procesa su existencia. Es el paso ético que va de aplaudir un artículo abstracto en la Constitución, a defender el derecho de tu vecino a vivir según sus convicciones, aunque no coincidan con las tuyas.

La medida que supera a la política y la grandeza de la ley 

El Papa León XIV continuó su discurso interpelando al poder legislativo contra las visiones reduccionistas de la autonomía personal: “Sin confundir el plano jurídico con el moral, conviene recordar también que la libertad necesita una comprensión plena de sí misma. Ser libre no significa únicamente estar libre de coacciones o disponer de muchas posibilidades de elección; significa poder reconocer el bien y adherirse a él responsablemente. Por eso, toda sociedad efectivamente libre requiere también una justa delimitación del poder público, de modo que la libertad de las personas, de las comunidades y de las asociaciones no sea indebidamente restringida”.

Este llamamiento grave pide a sus Señorías no desistir en la búsqueda de la verdad al legislar. Lejos de ser dogmático, el Pontífice los animó desde la empatía de saber que los legisladores y los grupos parlamentarios, como humanos, son sujetos falibles que pueden equivocarse. Mirando al lucernario que corona el hemiciclo del Congreso, lanzó un recordatorio poderoso: “Esa luz que viene de lo alto puede recordar que también la política necesita reconocer una medida que la precede y la supera”.

Evocando las pinturas del muro principal sobre la recepción del Decálogo y del Evangelio, y salvaguardando la laicidad institucional, León XIV argumentó que: “…esos signos invitan a reconocer que la libertad moderna ha sido preparada también por una larga educación de la conciencia, profundamente marcada por la tradición cristiana. En esa escuela interior, los pueblos aprendieron que el derecho debe servir al bien, que la justicia pone límites a la fuerza, que el poder necesita legitimidad, que los pobres pertenecen plenamente a la comunidad, que el extranjero debe ser acogido conforme a su dignidad y que la vida humana jamás puede ser tratada como mercancía”.

Esta premisa desmonta el positivismo jurídico absoluto. Una ley no alcanza su grandeza moral por el mero hecho de ser aprobada por una mayoría aritmética. Su verdadera estatura se demuestra cuando, además de válida en su forma, puede comparecer ante la dignidad de la persona y salir de ese examen sin avergonzarse. 

Un mandato ético: alzar la mirada

La alocución concluyó con la invitación que daba lema a su viaje: “Alzar la mirada”. No para alejarse de la realidad, sino para recordar que cada decisión y votación parlamentaria impacta sobre seres humanos de carne y hueso, especialmente sobre los vulnerables que no tienen voz.

La altura de miras consiste en mirar con hondura lo que está en juego en cada decisión pública. Por eso, las respuestas técnicas y las reformas legales son estériles sin una renovación moral. La consecuencia práctica para sus Señorías, sin importar sus siglas, es la exigencia ética de mantener una actitud abierta y dispuesta a rectificar las leyes que sean precisas. Solo frente al espejo de la dignidad humana será posible lograr una sociedad democrática auténticamente justa, sana y verdaderamente libre.