Deuda pública y Doctrina Social de la Iglesia

Imagina que tienes 20 años. El Estado te da 400 euros en un bono cultural. Puedes gastártelos en conciertos, libros, videojuegos. Una alegría, sin duda. Pero nadie te dice —nadie te dice nunca— que en ese mismo momento estás incrementando una deuda que ya es de 78.000 euros. No personal. Pública. Tuya, en tanto que ciudadano que tendrá que pagarla, o verá cómo se la traspasan a sus hijos.

El analista de datos y economista José Gefaell lo lleva tiempo repitiendo con datos del Banco de España: desde 2007, mínimo histórico de la serie con 18.567 euros por ocupado, la deuda pública por persona empleada en España no ha hecho más que crecer. En el primer trimestre de 2026 ha alcanzado los 78.051 euros por ocupado: un incremento del 320 % en apenas 19 años. 

La Doctrina Social de la Iglesia

La Iglesia católica en España —a través de Cáritas, de los obispos y decenas de organizaciones— realiza una labor social extraordinaria. Alimenta a cientos de miles de personas, acompaña a familias en exclusión y denuncia con valentía que los índices de pobreza siguen empeorando. Eso es indudable y merece reconocimiento.

Pero la Doctrina Social de la Iglesia no se limita a exigir más limosna institucional. El principio de subsidiariedad, la centralidad del trabajo, la dignidad de la persona como ser libre y responsable: todo eso apunta a algo más que pedir al Estado más recursos. Apunta a atacar las causas de la pobreza, no solo sus efectos. Y si nos quedamos solo en los efectos —dando pescado en lugar de enseñar a pescar—, corremos el riesgo de perpetuar el pauperismo que decimos combatir.

¿Qué ocurre cuando el Estado gasta más de lo que ingresa, año tras año, para financiar servicios que luego no puede sostener? Que las generaciones que vienen detrás pagan la factura. Y cuando la fiesta se acaba, las reformas son dolorosas y recaen, siempre, en todos, afectando todavía más a los más vulnerables.

Lo que cada presidente dejó en la cuenta

El gráfico de Gefaell muestra con claridad lo que los Presupuestos Generales nunca explicaron en voz alta. Un repaso por presidentes muestra que José María Aznar dejó la deuda pública por persona ocupada en los 22.000 €; posteriormente, José Luis Rodríguez Zapatero terminó su mandato elevándola hasta los 44.000 €; bajo la gestión de Mariano Rajoy, el indicador continuó subiendo hasta situarse cerca de los 65.000 €; y, finalmente, con Pedro Sánchez, se sitúa actualmente en 78.000 €.

Los datos son muy reales: no se calcula la deuda sobre el PIB, sino que se divide la deuda pública total por el número de trabajadores ocupados a final de cada año. La deuda pública por trabajador sigue creciendo, a pesar del fuerte crecimiento del número de trabajadores.

¿Qué hubiera pasado si, al aprobar cada presupuesto, el presidente del Gobierno hubiera dicho en voz alta lo que estaba haciendo? «Señoras y señores diputados: vamos a subir las pensiones este año. Es una medida justa. Pero tendrá un coste de 800 euros por ciudadano, que cargaremos sobre la deuda pública». «Vamos a ampliar la cobertura del desempleo. Magnífico. Pero costará 1.200 euros por habitante que añadiremos a la deuda de sus hijos».

¿Hubiera sido igual de aplaudido? ¿Hubieran votado igual los ciudadanos? Las pensiones llevan años subiendo por encima del IPC y por encima de los sueldos del sector privado. Los funcionarios han sufrido menos congelaciones salariales que los trabajadores de empresa. Todo eso tiene un coste. Y ese coste, casi siempre, se ha cargado en la tarjeta de crédito intergeneracional.

Lo que hereda un chaval de 25 años

Hagamos los números. España tiene una deuda pública de aproximadamente 1,72 billones de euros y unos 49,5 millones de habitantes. La deuda per cápita ronda hoy los 34.700 euros por persona. Pero si miramos solo a los ocupados —quienes en última instancia sostienen el sistema y generan los ingresos para pagarla —, estamos en 78.000 euros por trabajador.

Un trabajador de 65 años, a dos años de jubilarse, asumiría unos 6.000 € de esos 78.000 € de media por trabajador, pero un joven de 25 años que se incorpora ahora al mercado laboral tiene por delante 40 años de vida activa y le tocará pagar unos 150.000 €. ¿De verdad los jóvenes aplaudirían el bono cultural si supieran la que se les viene encima? 

Alemania, con uno de los sistemas públicos más robustos de Europa, ya considera insostenible su modelo de pensiones: absorbe más del 40 % del presupuesto federal, arrastra déficit creciente y prevé un aumento del 35 % en el número de jubilados en los próximos años. Como ha explicado Juan Ramón Rallo, ante semejante panorama un grupo de expertos creado por los políticos del parlamento alemán acaba de proponer vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida, revalorizar las pensiones por debajo de los salarios y aumentar las cotizaciones. En resumen: trabajar más años para cobrar menos y pagar más. Eso es lo que espera a quien no reforma a tiempo.

El elefante en la habitación de la justicia social

Se habla mucho de justicia social intergeneracional, pero la verdadera justicia social intergeneracional implicaría decirle a un joven de hoy con qué deuda nace, cuánto le va a costar el sistema que disfrutan sus abuelos, y si ese sistema es sostenible sin reformas estructurales.

Podría objetarse —con razón— que la economía no es tan simple. Que nadie sabe si España descubrirá yacimientos de gas, si surgirán veinte empresas del tamaño de Inditex o si la IA trabajará para nosotros y hará falta trabajar. Todo eso es posible. Pero gobernar sobre esperanzas sin gestionar los riesgos presentes no es política económica: es una ruleta rusa financiada con deuda pública.

Lo que Cáritas podría subrayar más en su discurso

La Iglesia y Cáritas tienen razón cuando piden más recursos para los más vulnerables. Pero su propia doctrina les obliga a ir más lejos. No basta con pedir al Estado que gaste más, especialmente cuando ese gasto se financia con deuda que pagará la siguiente generación. 

La auténtica Doctrina Social de la Iglesia pide también que los ciudadanos asuman responsabilidad: emprendimiento, trabajo duro, cultura del esfuerzo y espíritu de servicio a la comunidad. Es verdad que los políticos deberían ser responsables y exigir esto mismo a los ciudadanos, pero si no lo hacen, la Iglesia no debería tener miedo a decir la verdad.

Una sociedad que solo espera del Estado —y un Estado que toma medidas sin decir el precio real que cuestan— no genera ciudadanos libres y responsables. Genera dependientes. Y los dependientes, como enseña la historia, son los más expuestos cuando la fiesta se acaba y llegan las reformas de urgencia. No hay más que ver cómo están muchos países de hispanoamérica gobernados por líderes progresistas preocupados por los más necesitados. 

La solidaridad real no se financia solo con deuda. Se construye con generaciones capaces de sostenerse a sí mismas, de crear riqueza, de innovar, de contribuir antes de recibir. Eso también es Doctrina Social de la Iglesia. Y eso también habría que decirlo en voz alta.

El ejemplo de León XIV

En su reciente viaje a Canarias, el Papa recordó algunas verdades incómodas tanto a los migrantes como a los trabajadores y voluntarios de la Iglesia que los atienden. A los primeros, el Pontífice les recordó su deber de integración: “Hermanos migrantes, les corresponde abrirse a la comunidad que les recibe, aprender su lengua, respetar sus leyes, conocer sus costumbres”.

Por otro lado, a los agentes de pastoral les instó en varias ocasiones a no olvidar la evangelización en su labor de acogida, señalando que transmitir la fe forma parte de la verdadera caridad y constituye el mayor bien que se les puede ofrecer.

Este recordatorio pone de manifiesto la necesidad de que las entidades eclesiales y el episcopado den un paso al frente con mayor audacia y valentía profética. Más allá de la encomiable labor asistencial de emergencia, la Iglesia está llamada a proclamar sin complejos la riqueza de su Doctrina Social, iluminando las causas estructurales de la vulnerabilidad. 

Una caridad plena no solo acoge en la urgencia, sino que promueve con valentía soluciones a largo plazo que devuelvan la dignidad e independencia a las personas, evitando caer en un asistencialismo crónico y ayudándolas a ser verdaderos protagonistas de su propio desarrollo e integración.